Los accidentes laborales se cobraron en España la vida de 1.352 personas durante 2006. Pero esta cifra de fallecidos es sólo el exponente más dramático de unas estadísticas que computaron el año pasado en el conjunto del Estado 1.033.157 accidentes laborales, 34.116 más que los contabilizados durante el ejercicio anterior. Evidentemente, este infeliz inventario debiera servirnos para recordar la necesidad de ejercer un liderazgo empresarial permanente que asegure y favorezca la seguridad y salud de todos los trabajadores y de los bienes de la empresa y de su entorno.
Las últimas cifras conocidas no pueden ser más esclarecedoras. Durante el año pasado hubo dos ámbitos en los que los siniestros mortales incrementaron su porcentaje de forma alarmante: el sector servicios--con 410 muertos, casi un 3% más-- y el segmento de pymes de entre uno y nueve trabajadores --con más de 10 fallecimientos por cada 100.000 empleados--. Respecto al sector de autónomos, el porcentaje de siniestros mortales bajó un 5,1%, situándose la cifra de autónomos muertos en accidente laboral en los 166.
La magnitud de este balance de siniestralidad llevó hace pocas fechas a uno de los periódico líderes de opinión en España a publicar un duro editorial titulado ‘Vergüenza de Europa’. Entre otras consideraciones –como las de asegurar que “los muertos y heridos en el ámbito laboral siguen marcando una vergonzosa diferencia con los mercados laborales europeos”, este editorial afirmaba que “para corregir una epidemia social de esta magnitud es necesario afrontarla como un problema de Estado. Eso significa que la Administración tiene que poner los recursos financieros y humanos necesarios para asegurarse de que las empresas y los trabajadores cumplen a rajatabla todas las normas de seguridad que figuran en las leyes y reglamentos laborales; y que esa red de supervisión aplicará la ley sin vacilaciones”.
Entre las medidas que se proponía, este editorial consideraba que “un primer paso podría ser la exigencia de nula siniestralidad laboral a las empresas que quieran firmar contratos con el Estado, sea central, estatal o autonómico”. No obstante, advertía que “la pieza fundamental para acabar con la siniestralidad es, por supuesto, la inspección de trabajo. Casi todos los diagnósticos coinciden en que el número de inspectores es ridículamente bajo para un mercado laboral tan amplio”.
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En nuestra empresa INTEGRAL DE PREVENCIÓN, una de las sociedades que componen FORMASTUR, somos especialistas precisamente en eso, en la prevención de riesgos laborales. A través de un cualificado equipo profesional desarrollamos programas integrales de prevención laboral, analizando los riesgos de todos los puestos de trabajo y actividades y adoptando acciones correctoras y protectoras que se estimen pertinentes.
Complementariamente a estos planes integrales de prevención también debe contemplarse la formación de los trabajadores, pues la legislación básica que establece los mecanismos para planificar la prevención en las empresas reconoce esta formación como una materia de importancia en los programas de seguridad laboral. Se exige, por ejemplo una instrucción teórico-práctica sobre las cuestiones preventivas generales y específicamente sobre los riesgos y medidas preventivas relacionadas con cada puesto de trabajo.
INTEGRAL DE PREVENCION S.L. está acreditada para actuar como Servicio de Prevención Ajeno en todo el territorio nacional, con el número 33/0015/00 para las especialidades de : Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
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